La comisión del Congreso que investiga la serie de supuestas irregularidades cometidas durante el gobierno anterior ha dado un lamentable espectáculo. Luego de la filtración a la prensa del informe que había preparado sobre el caso de la remodelación de los colegios emblemáticos, las sospechas caen sobre ella.
Esta filtración ha demostrado que la comisión, presidida por Gana Perú, se estaba preparando para acusar a varias altas autoridades del gobierno aprista (incluyendo al ex presidente Alan García)a quienes nunca había citado y cuyos testimonios, por tanto, no se había molestado en recoger. Uno de los integrantes de la comisión ha argumentado que los comisionados no tenían que ser rigurosos con el proceso probatorio porque no son el Poder Judicial ni el Ministerio Público, pero sus explicaciones no son serias. No son el Poder Judicial, pero tampoco tienen por qué ser Tres Patines. Un informe de una comisión del Congreso que en los hechos acusa de corruptos a ex ministros y a un ex presidente no debería poder implicar, por citar otro ejemplo, a un ministro que todavía no había asumido su cargo cuando se dieron los hechos investigados.
Por otra parte, hay que decir que la rápida reacción que ha tenido la comisión frente a la filtración – citando a los implicados en su informe y postergando la fecha en que este se votará– demuestra que los comisionados sabían bien del rabo de paja que venían arrastrando en este tema.
Esta cola ha resultado ser bastante larga. La comisión, según también ha salido a la luz,produjo su informe sin haber recibido el peritaje sobre la construcción de los colegios para el que había contratado al Colegio de Ingenieros de Lima (CIL) y, de hecho, aún ahora que ha movido sus fechas, tiene programado votar la aprobación de su acusación al día siguiente del acordado para la entrega de dicho peritaje: el 4 de junio.
Uno podría pensar que los comisionados están muy confiados en poder aplicar durante la noche del 4 de junio sus capacidades de lectura (ultra) veloz, pero no es el caso. Recordemos: el informe con los indicios de corrupción ya está hecho (y filtrado). Esto solo deja dos opciones: o las habilidades de los comisionados incluyen las telepáticas (como para conocer los resultados del peritaje de los ingenieros antes de haberlo recibido) o piensan que el informe técnico no es necesario para conocer con algún grado responsable de certidumbre si hubo irregularidades. En este último caso, lo que no se entendería es por qué contrataron al CIL en primer lugar.
Decimos que es lamentable que la comisión haya dado estas vulgares muestras de intencionalidad política no solo por el estructural desprestigio del Congreso, sino también porque pensamos que sí hay episodios del gobierno anterior que son por lo menos dudosos y que ameritan una investigación seria. Una investigación seria,como la que esta comisión ya no tendrá credibilidad para abordar.
Por ejemplo, está el caso de las interceptaciones que salieron a la luz a raíz de los ‘petroaudios’. Estas publicaciones dieron a conocer una serie de oscuras negociaciones entre intereses privados y representantes del Estado que, en algunos casos, parecían involucrar a varios ministros, incluyendo al premier y aún al secretario general del presidente. Hasta ahora no se han resuelto satisfactoriamente las preguntas que planteaban estas participaciones; con la eficaz colaboración de recursos como USB alterados y aun cajas de documentos convenientemente “desaparecidas” de depósitos ministeriales, un halo de misterio permanente descendió sobre estos hechos.
Por supuesto, la no aclaración de estos sucesos perjudica también, si son inocentes, a quienes parecen implicados en ellos. De hecho, el mismo Alan García, que ya una vez dejó Palacio con muy graves acusaciones cuya veracidad nunca se terminó de resolver, debería ser el primer interesado en que ello no vuelva a suceder y en que todas las dudas sobre la probidad de su segunda administración sean despejadas convincentemente.
Pero ello ya no podrá ser el caso: el único investigador que le quedaba al gobierno aprista (la fiscalía hace poco archivó sus indagaciones) ha cometido suicidio moral, dejando sobre la cabeza de los investigados, y en el pecho de muchísimos ciudadanos, la persistente duda.
