Reggiardo desmiente a Salazar: "Delegación de facultades al Ejecutivo sí se aprobó por unanimidad"
Titular de Comisión Especial de Seguridad Ciudadana consideró “sorprendente” que legislador fujimorista denuncie que informe final no contenía esta recomendación y fue alterado
Congresistas Renzo Reggiardo y Octavio Salazar. El segundo fue ministro del Interior en el gobierno aprista. (Fotos archivo El Comercio)
ROCÍO LA ROSA (@chiolaro)
Redacción online
El congresista Octavio Salazar denunció ayer que el informe final, aprobado por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, no recomendaba otorgar facultades al Ejecutivo en esta materia, y que este fue alterado.
Me parece sorprendente que Octavio, de quien tengo las mejores referencias, diga una cosa así. El informe final se aprobó por unanimidad con la presencia de distintas autoridades que tienen que ver con el tema, entre ellos el hoy primer ministro Juan Jiménez, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el director general de la Policía, el secretario técnico del Conasec y el segundo del INPE. Yo leí el informe, lo expuse y di lectura de las recomendaciones para cada una de estas autoridades y al presidente de la República, a quien se recomendó declarar en situación de emergencia la seguridad ciudadana y que pida facultades legislativas en esta materia. Existe una transcripción de esa sesión.
¿En algún momento del debate, previo a la aprobación del informe final, el congresista Salazar expresó su desacuerdo con otorgar estas facultades? Él afirma que siempre, al igual que su bancada, rechazó esta posibilidad.
Absolutamente, nada de nada. Parece que hubieran dos congresistas Salazar, uno que estuvo en estas sesiones y otro que sale a hablar ahora. Lo que me molesta mucho es que se politice esto. La seguridad ciudadana es un asunto de todos.
¿Por qué hay la necesidad de otorgar facultades al Ejecutivo en este tema, por qué el Congreso no fue capaz de aprobar leyes en este sentido?
Como comisión de seguridad ciudadana presentamos 13 proyectos de ley que tienen que ver con temas como reducción de beneficios penitenciarios, posesión ilegal de armas, entre otros. Lamentablemente, como no somos comisión dictaminadora, nuestros proyectos derivaron en la comisiones de Justicia o Defensa. Ninguna de las dos fue capaz de presentar un paquete legal adecuado. Ante esa inacción del Congreso y la falta de capacidad para legislar, es que no tenemos más alternativa que otorgar facultades al Ejecutivo. Además, por tratarse de un tema multisectorial, donde intervienen sectores como Justicia, Interior y Educación (en cuanto a prevención).
¿Cuántos proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana existen en el Congreso?
De más de sesenta proyectos, solo se han aprobado siete leyes. De estas siete, dos o tres son más vinculadas al narcotráfico y terrorismo. En seguridad ciudadana, se habrán aprobado cinco o cuatro. La producción legislativa es escasa para un tema que reclama la población.
¿Existe algún riesgo en darle estas facultades al Ejecutivo?
En mi opinión no. Para eso está la comisión especial en seguridad ciudadana que se encargará de hacer un seguimiento y fiscalizar los posibles excesos que se puedan dar. También la comisión de Constitución puede hacer seguimiento y hasta pedir la derogación de algún decreto. Este gobierno pidió antes facultades en materia de tributaria y minería ilegal y excesos no han habido.
Redacción online
El congresista Octavio Salazar denunció ayer que el informe final, aprobado por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, no recomendaba otorgar facultades al Ejecutivo en esta materia, y que este fue alterado.
Me parece sorprendente que Octavio, de quien tengo las mejores referencias, diga una cosa así. El informe final se aprobó por unanimidad con la presencia de distintas autoridades que tienen que ver con el tema, entre ellos el hoy primer ministro Juan Jiménez, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el director general de la Policía, el secretario técnico del Conasec y el segundo del INPE. Yo leí el informe, lo expuse y di lectura de las recomendaciones para cada una de estas autoridades y al presidente de la República, a quien se recomendó declarar en situación de emergencia la seguridad ciudadana y que pida facultades legislativas en esta materia. Existe una transcripción de esa sesión.
¿En algún momento del debate, previo a la aprobación del informe final, el congresista Salazar expresó su desacuerdo con otorgar estas facultades? Él afirma que siempre, al igual que su bancada, rechazó esta posibilidad.
Absolutamente, nada de nada. Parece que hubieran dos congresistas Salazar, uno que estuvo en estas sesiones y otro que sale a hablar ahora. Lo que me molesta mucho es que se politice esto. La seguridad ciudadana es un asunto de todos.
¿Por qué hay la necesidad de otorgar facultades al Ejecutivo en este tema, por qué el Congreso no fue capaz de aprobar leyes en este sentido?
Como comisión de seguridad ciudadana presentamos 13 proyectos de ley que tienen que ver con temas como reducción de beneficios penitenciarios, posesión ilegal de armas, entre otros. Lamentablemente, como no somos comisión dictaminadora, nuestros proyectos derivaron en la comisiones de Justicia o Defensa. Ninguna de las dos fue capaz de presentar un paquete legal adecuado. Ante esa inacción del Congreso y la falta de capacidad para legislar, es que no tenemos más alternativa que otorgar facultades al Ejecutivo. Además, por tratarse de un tema multisectorial, donde intervienen sectores como Justicia, Interior y Educación (en cuanto a prevención).
¿Cuántos proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana existen en el Congreso?
De más de sesenta proyectos, solo se han aprobado siete leyes. De estas siete, dos o tres son más vinculadas al narcotráfico y terrorismo. En seguridad ciudadana, se habrán aprobado cinco o cuatro. La producción legislativa es escasa para un tema que reclama la población.
¿Existe algún riesgo en darle estas facultades al Ejecutivo?
En mi opinión no. Para eso está la comisión especial en seguridad ciudadana que se encargará de hacer un seguimiento y fiscalizar los posibles excesos que se puedan dar. También la comisión de Constitución puede hacer seguimiento y hasta pedir la derogación de algún decreto. Este gobierno pidió antes facultades en materia de tributaria y minería ilegal y excesos no han habido.
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